Fernando Muñoz, Coordinador del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, se comunicó con este medio para desnudar la crítica situación que atraviesan miles de inquilinos de la ciudad de Buenos Aires.
La Defensoría recibió más de 2.000 consultas de todo el país en lo que va de la cuarentena que inició el 20 de marzo y se quintuplicó el número de reclamos de inquilinos que, se ven desamparados ante los abusos de los dueños de las propiedades e inmobiliarias que se niegan a acatar las medidas anunciadas por el Gobierno en torno a los alquileres.
Desde que se publicó el decreto presidencial que prorrogó los contratos de alquiler, suspendió los desalojos, congeló alquileres y bancarizó los pagos, gran parte de los propietarios se niegan a acatar estas normativas con el pretexto de que “el decreto no lo cumple nadie”, señalaba Muñoz.
“El 50% de los ingresos de un trabajador se destinan a garantizar la vivienda y el Estado no tiene un organismo que controle, para que estos abusos, producto del no respeto al decreto presidencial, no se produzcan”, enfatizaba el coordinador del programa de Atención a Inquilinos.
El problema, según Muñoz, se debe a que; “El Estado fue colonizado por el mercado, por las grandes empresas” y esta realidad produce una gran asimetría en derechos entre locadores y locatarios de propiedades.
En este sentido Muñoz recalcó la “necesidad de reconstruir el Estado de manera tal que este garantice los derechos de los inquilinos que hoy se ven en una situación comparable a la década del 30”.
