Se había firmado una acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizaciones sociales, organismos de la defensa pública para conformar una mesa de trabajo para la realización del Censo de Personas en Situación de Calle, tal como lo fija la Ley 3706/11, pero el ejecutivo porteño lo incumplió
El objetivo era diseñar políticas públicas que sean efectivas para mejorar de manera definitiva la situación de las personas que viven en la calle. En diciembre de 2020, cuando se firmó dicho acuerdo, las organizaciones consideraron que avanzar con la mesa era un paso importante para revertir la invisibilización de miles de personas en la información oficial, motor fundamental, en 2017, para la realización del Primer Censo Popular, tras el fallido intento de que el GCBA corrigiera su metodología de conteo.
Rosario Fassina, socióloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), explicó “Luego de meses de trabajo hemos visto que el Ministerio de Desarrollo y Habitat y la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, no estaban dispuestos a ceder en parte del diseño metodológico que ya tenían construido para el censo”.
Es que durante estos cinco meses, según contaron desde ACIJ, participaron en la mesa de trabajo y durante los encuentros no se lograron acuerdos en relación a la inclusión de personas en centros de integración o dispositivos de alojamiento, no se han aceptado propuestas de incorporación de preguntas sobre Covid, violencias y experiencias específicas sobre mujeres y personas trans, se buscó reducir el rol de las organizaciones sociales y organismos de defensa a observadores no participantes, se desconoció el pedido, argumentado, de extender la duración del censo y se adjudicó a la falta de tiempo la toma unilateral de decisiones sobre la metodología. Tampoco se han contemplado los riesgos a los que se expone a los trabajadores que llevarán adelante el censo y personas censadas en el contexto de la grave crisis sanitaria que atravesamos, decidiendo llevarlo adelante en el peor escenario desde el inicio de la pandemia.
“Lo que nos queda ahora es seguir trabajando para generar datos que reflejen fielmente la realidad y que podamos trabajar por diseñar políticas públicas que reviertan la situación de quienes están viviendo en la calle”, aseguró Fassina.
