El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, dentro de la que se juzga a Cristina Fernández de Kirchner y a otros doce imputados, se reanudó el lunes con los alegatos de la Fiscalía que se extenderá durante nueve audiencias.
Francisco Muñoz, director de Opi Santa Cruz, dialogó con FRECUENCIA ZERO y analizó la situación actual de la causa y lo que se dio a conocer a través de los alegatos de la Fiscalía. «Cada uno en su lugar miraba para el costado», pero nadie controlaba porque no había un órgano de contralor. «Estaban en todos los lugares que tenían que estar», apuntó.
En Santa Cruz se armó una oficina de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para sacarle poder a la que ya estaba montada en Comodoro Rivadavia, que fue donde se descubrieron las facturas truchas de la empresa Gotti Construcciones, que pertenecía a las empresas de Báez. Incluso, se despidieron a los empleados públicos que eran parte de esa oficina.
«Nosotros que seguimos hace tiempo y contamos parte de esto, nos vimos sorprendidos en un punto cuando comenzaron a mostrar los mensajes de texto y WhatsApp entre (Cristóbal) López, (Lázaro)Báez y (Julio) Mendoza. Lo burdo que fue todo», aseguró.
A su vez, Muñoz aseguró que la metodología del presunto lavado de dinero se hacía con transacciones en empresas. En principio el Grupo Austral tenía un diverso caudal de empresas entre ellas de combustible, internet, catering, entre otras. A estas empresas le pagaban otras empresas del mismo grupo publicidades, viandas y demás, a precios irracionales.
«Estaba tan bien armado todo, que les funcionó sin ningún problema hasta que se fueron del poder», apuntó Muñoz, quien recordó que Austral Construcciones cerró en diciembre de 2019 cuando finalizó el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
