Tras el discurso de Cristina Fernández de Kirchner el miércoles por la tarde, el presidente Alberto Fernández visitó el canal TN y brindó una entrevista que dio que hablar 24 horas seguidas. Dentro de las frases más polémicas del mandatario, manifestó: «Yo lo que le regalaría al fiscal es algunos tratados de derecho penal, porque por mucho que grite justicia o corrupción, dijo un sin fin de disparates jurídicos». Y también: «Realmente, alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman… Hasta acá lo que le pasó fue que se suicidó, no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.
Otra de las polémicas que se generaron fue si el Presidente puede opinar sobre una causa abierta. La diputada provincial por Mendoza, Josefina Canale, que además es integrante de la plataforma Constituya, explicó de acuerdo con el artículo 109 de la Constitución que un jefe de Estado argentino no puede pronunciarse sobre una causa.
«En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas», detalla el artículo 109 de la Constitución.
Por este motivo, desde Constituya, que se presenta como una «plataforma colectiva apartidaria» que está formada por «ciudadanos comprometidos a dialogar, consensuar y elevar recomendaciones de políticas de Estado», elevaron un comunicado en el cual rechazaron las «amenazas al Poder Judicial», realizadas por el «Sr. Presidente y la Sra. Vicepresidenta de la Nación, así como por otros funcionarios y miembros de la administración pública».
A su vez, destacaron: «Resulta lamentable que dirigentes políticos violen desde el Estado mismo nuestra Constitución Nacional como si no recordaran lo caro y doloroso que ya resultó». En este sentido, Canale resaltó que lo que debería responder un Presidente frente a una determinada causa judicial es que no puede opinar. «El Ejecutivo no puede opinar. Es un ataque a la Constitución», apuntó la diputada.
«El ataque a la Constitución no es gratis. Es un intento de hegemonía de parte del Ejecutivo para confiscar los otros dos poderes», concluyó Canale en diálogo con FRECUENCIA ZERO.
