La abogada y jurista Analía Marsella, junto con el Dr. Matías Rubio, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se responsabiliza a la República Argentina de “incumplir sus obligaciones internacionales” a partir de la “suspensión antijurídica de Derechos Humanos y restricciones impuestas por el Poder Ejecutivo”, en el marco del aislamiento por la pandemia del Coronavirus.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la denunciante sostuvo que “la gestión de la pandemia en Argentina se caracterizó por ser absolutamente violatoria de nuestra Constitución y del catálogo entero de DD.HH”, además de que “de ninguna manera, el Poder Ejecutivo puede por sí solo disponer de la restricción o suspensión de derechos tan básicos y esenciales como el de la circulación”. En este sentido, explicó que “en estos casos, es necesaria la intervención del Congreso, que se encontraba sesionando en ese momento”.
Marsella también expresó que, en la decisión de implementar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, radican “dos fuentes de inconstitucionalidad”: “el primero es que la Constitución solo marca dos momentos de urgencia que es cuando hay una invasión extranjera o conmoción interna, es decir, que sea materialmente imposible que las instituciones funcionen; el segundo es que, en caso de momentos de extrema necesidad, que debe ser en un periodo acotado, se pueden aplicar normas excepcionales, pero no en materia penal”, tal como ocurrió con los denunciados por violar la cuarentena.
