El pasado 31 de diciembre, la Iglesia dejó de percibir el aporte económico del Estado, mediante el cual, se pagaban $55.000 al centenar de arzobispos y obispos de todo el país. Dicho aporte se enmarcaba en el artículo 2 de la Constitución Nacional, que establecía que el gobierno federal debía “sostener” el culto católico apostólico romano. La medida se concreta a raíz de una renuncia progresiva que se acordó, en 2018, entre la Conferencia Episcopal Argentina y el gobierno de Mauricio Macri.
La fecha para el cese definitivo del pago de los sueldos se fijó durante la administración de Alberto Fernández, acordada con la Secretaría de Culto de la Nación. Sin embargo, según algunas estimaciones privadas, el aporte económico no llegaba al 7% del presupuesto que sigue administrando la Iglesia. El Episcopado informó que el próximo pasó será prescindir de la contribución económica que perciben los seminaristas diocesanos del país y el reemplazo de la asignación para los párrocos de frontera.
Cabe destacar que no se comprometen los aportes que reciben los colegios religiosos, ya que se encuentran amparados en un régimen de subsidios que deciden otorgar las distintas jurisdicciones del país a la enseñanza privada.
