Cristina Fernández de Kirchner presentó una solicitud de aclaración sobre los alcances de las restricciones impuestas durante su prisión domiciliaria. Lo hizo a través de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Rubén Llernovoy ante el Tribunal Oral en lo Federal N° 2. El fallo, publicado el pasado martes, encendió un debate público sobre la dimensión de este tipo de medidas, especialmente en torno a su comunicación con el exterior, el uso del balcón y la posibilidad de manifestaciones en las inmediaciones de su domicilio.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el fiscal jefe de Mendoza, Francisco Javier Pascua, aclaró que la prisión domiciliaria es una medida excepcional regulada por el Código Penal y la Ley de Ejecución Penal, y que no puede interpretarse como una simple residencia. “Implica no salir del domicilio ni alterar el orden público. No puede haber arengas desde un balcón ni actividades políticas dentro del hogar”, afirmó. También remarcó que las condiciones fueron otorgadas por razones concretas tales como edad y seguridad, y no por el cargo que ocupó la ex mandataria.
Además, Pascua señaló que el incumplimiento de las condiciones podría motivar la revocación del beneficio. “No puede convertirse en un lugar de conferencias o mitines. Si eso sucede, el tribunal puede disponer un cambio de domicilio o incluso ordenar la detención en un penal”, explicó. Sobre el uso de tobilleras electrónicas, avaló la medida como mecanismo de control, y advirtió que la igualdad ante la ley debe primar sin importar el rol que haya tenido la condenada.
