La aprobación en la Legislatura de Mendoza de la declaración de impacto ambiental del proyecto San Jorge y la creación del Distrito Minero Occidental, reavivaron una histórica controversia en la provincia. Tras más de una década de restricciones a la minería metalífera, el oficialismo provincial impulsó un paquete de iniciativas que habilitan la explotación de cobre en zonas cordilleranas, en medio de fuertes cuestionamientos de organizaciones ambientales y de sectores políticos que advierten por los riesgos sobre el agua y el ambiente. El debate se da, además, en un contexto de crisis hídrica persistente y con antecedentes de movilización social que, en otras ocasiones, lograron frenar proyectos similares.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Emanuel Fugazzotto, diputado provincial del Partido Verde, fue contundente al cuestionar la iniciativa. Señaló que el proyecto San Jorge se ubica sobre la cuenca que abastece al principal oasis productivo de Mendoza y de la que dependen alrededor de un millón y medio de personas. Según explicó, los organismos científicos realizaron observaciones que aún no fueron resueltas por la empresa, mientras que las regalías prometidas resultarían insignificantes frente a un eventual daño ambiental. “Estamos hablando de un riesgo enorme para el agua en una provincia desértica”, advirtió, y agregó que el gobierno provincial no ha demostrado capacidad de control suficiente para una actividad de esta magnitud.
El legislador también denunció un avance coordinado entre Nación y Provincia para flexibilizar la legislación ambiental, en particular la Ley de Glaciares, y alertó sobre un clima de criminalización de la protesta social. Fugazzotto vinculó la aprobación del proyecto con la reciente represión y detención de manifestantes que se movilizaron en defensa del agua, y recordó que fue la presión social la que en 2019 logró revertir un intento similar. En ese sentido, anticipó que la oposición ambiental al proyecto continuará tanto en las calles como en el plano judicial, en un escenario que vuelve a poner en tensión el modelo extractivo y el futuro de los recursos naturales en Mendoza.
