MACRI VETÓ LA LEY QUE DECLARABA DE UTILIDAD PUBLICA UN INMUEBLE ABANDONADO
Mauricio Macri vetó una ley (otra más) que solucionaba un problema de vivienda
EL CAPITÁN “VETO” CONTRAATACA
La legislatura votó la ley por unanimidad, -lo cual es obvio-, incluye a la bancada del PRO. Esta ley solucionaba el problema habitacional a las siete familias que viven en el lugar y a otras. El veto es muy cuestionado por fallas “técnicas”, (además de las racionales).
Aunque nunca se fue, arrancó la temporada con vetos a leyes varias. El Capitán Veto, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 25 de junio de 2013, vetó 118 leyes, -en su mayoría, propuestas o votadas por el PRO-, según señala el sitio Infojus Noticias.
El veto cayó sobre un proyecto para la expropiación de un inmueble en la avenida Boedo 1971, donde viven siete familias, para darle destino de vivienda social, tras una espera de justicia de 20 años.
El edificio de Boedo tiene una historia (más) de estafas y abusos, en una investigación judicial que nunca fue del todo clara y que involucró en su momento a Bigudi S.A. (sus propietarios) la constructora San Sebastián (quienes fueron sindicados como los estafadores que la dejaron sin terminar) La estafa consistió en la sobreventa de las unidades, ya que en su momento se habló de más de 450 inversores-compradores perjudicados, que tuvo su pata oficial en el ex -presidente del Concejo Deliberante porteño, José Manuel Pico (entonces considerado un cómplice).
El otro costado injusto y penoso de esta situación es que entre los ocupantes hay algunos que dicen ser de los mismísmos estafados que perdieron todo lo que tenían en ese momento.
Lo que aún es un enigma, es porque Macri vetó la expropiación y destino social del edificio de Boedo 1971, mientras que a su vecino de Boedo 1961, si le concedió a las 26 familias habitantes, la expropiación más la declaración de utilidad pública en diciembre de 2012, con el valor agregado de que ambos proyectos de ley son de autoría de María Elena Naddeo.
La ley fue sancionada el 5 de diciembre, habría sido girada el 16 de ese mes al Ejecutivo; el decreto tiene fecha del 10 de enero y fue publicado ayer en el Boletín Oficial. La sospecha de los legisladores es que el veto habría tenido lugar, después de los 10 días hábiles legales después de ser girado al Ejecutivo. También aseguran que en el expediente no estaría el sello con la fecha de ingreso en mesa de entradas.
El legislador Aníbal Ibarra (AI) habló con Noticiario Sur (NS):
NS: -Si existiese un error, ¿dónde podría radicar?
AI: – En uno de los párrafos del fundamento del veto, dice que “el inmueble declarado de utilidad pública por el proyecto de Ley bajo examen posee una superficie de terreno de cuatrocientos tres metros cuadrados (403,00 m2) y una superficie edificada de trescientos cincuenta y dos metros cuadrados con cinco decímetros (352,50 m2), resultando dichas dimensiones inadecuadas e insuficientes tanto para la construcción de viviendas sociales como para la promoción de un espacio habitacional adecuado. Pero el edificio de Boedo tiene diez pisos, así que para mí; o se equivocaron de edificio o hicieron mal el cálculo porqué es imposible que el edificio tenga sólo 352,50 metros cuadrados construidos.
NS: -¿Cómo sigue esto?
AI: -Primero verificando que el veto haya sido firmado dentro del plazo legal de diez días hábiles después de ser girado al Ejecutivo. El proyecto fue aprobado el 5 de diciembre, y el decreto que lo veta tiene fecha del 10 de enero.
NS: -¿Y entonces?
AI: -Volveremos a pedir que se trate el proyecto, una vez más. Ahí necesitaremos 40 votos (2 tercios), pero creo que será casi imposible conseguir que los diputados del PRO contradigan una decisión de su jefe.
NS: -¿Y los afectados?
AI: -Anoche, yo mismo junto al legislador Pablo Ferreyra, estuve comunicándoles a las siete familias sobre el veto y sobre qué curso de acciones tomará junto a otros legisladores.
NS: -¿Hay antecedentes de algún veto “dado vuelta”
AI: -SI, existe la declaración de anticonstitucionalidad del veto a la expropiación del inmueble (edificio) de Gascón 123, por un juez, por haberse producido fuera del plazo, aunque ese fallo está apelado por el Gobierno de la Ciudad.
