Infelices fiestas con toneladas de basura maloliente en la comuna 8. Para ser exacto; desde el viernes 30 hasta el 3 de enero a la noche. Cuatro días con aires pútridos y un gobierno que a través de sus funcionarios manifiesta su desinterés o su incomprensión. Sumado a la gran cantidad de contenedores de basura faltantes -ya denunciados y no repuestos-, por lo cuál la basura se tira en la vereda o en la calle según el vecino.
Este deterioro progresivo de la “limpieza oficial” se agudizó en los últimos tiempos sin que el CGP 8 gestione para que los responsables se lleven la basura en tiempo y forma al lugar correspondiente.
Claro que nos pasa porque el Sur no es redituable electoralmente, puesto que en otras comunas no pasa lo mismo…
Somos zona testigo. Ahora, digo yo: ¿testigo de qué? Las zonas testigo son de excelencia para que otras puedan imitarla o estar al mismo nivel. ¿Pero cuántas veces habrá que repetir que la recolección de basura es un servicio público y no puede estar atado a feriados administrativos -que a los trabajadores de la Ciudad les corresponde-? ¿Cuál es la razón de la eterna suciedad en esta zona testigo? ¿Los empleados públicos no quieren trabajar o no se les paga los feriados correspondientes -doble en este caso-? Si no es así: ¿cuándo los funcionarios se pondrán los pantalones largos y afrontarán este mal crónico que no solo apesta, sino que trae enfermedades?
El reino basural es hoy una nueva categoría. Ratas, aves, perros y gatos. Cartoneros profesionales y ocasionales revuelven a cada minuto la basura estableciendo olores, formas y paisajes indeseados para la comuna.
Desde el 10 de diciembre ¿funciona? la junta comunal, que tiene como una de sus obligaciones principales la supervisión de la limpieza de la comuna. Es de esperar que tomen cartas en el asunto y redefinan este servicio público de “zona testigo” en esta comuna castigada.
Confidencial
Macri reventó cuando se enteró que “sacar la basura” le costaría unos 2800 millones, (mil millones más de lo que cuesta hoy el servicio). Calenchu saltó en voz alta: “Lo nombré a Diego Santilli ministro porque me dijeron que un peronista iba a negociar mejor con Moyano, pero el contrato no para de subir, al final Piccardo negociaba mejor”. La “cuenta” basura es deficitario en el balance público: se recaudarán unos 1500 millones de pesos anuales de ABL, mientras que se garpan 1800 millones por año en contratos para la recolección de residuos. Esto explica los cambios en el Ministerio de Espacio Público.
El legislador Eduardo Epszteyn conoce del tema ya que fue ministro del área durante el gobierno de Aníbal Ibarra, hasta marzo de 2006. Según Epszteyn, hace sólo 6 años el gobierno porteño pagaba 220 millones de pesos por la recolección de residuos. Desde entonces, la Ciudad se ató a un contrato que fue creciendo de a cientos de millones año a año.
Epszteyn denunció en octubre del año pasado, en la sesión en la que se aprobó la ampliación presupuestaria (242 millones). En esa ocasión, mencionando el contrato de la basura, Epszteyn dijo que “la cláusula de redeterminación de precios la cambió Telerman a favor de las empresas”.
Si bien en la apertura del sobre uno –que contiene los requisitos técnicos- se dejó afuera a Covelia, la empresa ligada a Hugo Moyano, es sabido que el camionero logró entrar en la Ciudad durante la gestión de Santilli, a través de la reciente licitación de la zona 7, que creó el actual ministro de Espacio Público sobre el área que limpiaba la Ciudad.
Como denunció en su momento la ex ministra Graciela Ocaña, el líder de la CGT usó de fronting para entrar a la ciudad una UTE de las empresas Ashira y Martin y Martin. Las empresas que se presentaron a la nueva licitación son las mismas que se encargan actualmente de la recolección de basura (Cliba, Aesa, Nítida, Urbasur e Integra).
“Macri no quiere pagar más de 1.800 millones”, anticiparon fuentes del ejecutivo porteño y revelaron que funcionarios cercanos al jefe de Gobierno “ya trabajan en una solución integral” para el conflictivo tema de la basura.
“Macri no tiene decisión política de apretar a las empresas”, afirmó un legislador. Sin embargo, desde la jefatura de Gobierno ratificaron a este medio que Macri está dispuesto a dar pelea con las recolectoras. En la Legislatura opinan que si se las empresas se niegan a reducir su propuesta económica, al jefe de Gobierno le quedaría una salida: anular la licitación.
Las malas lenguas dicen además que en la pulseada Macri-Moyano por los contratos de la basura entraría en juego la disputa por el club Comunicaciones que el camionero quiere a cualquier precio y que Macri (de buen tino) se niega a entregarle.
