LOS MAILS DE JAIME
Un fiscal pidió a la Cámara Federal que declare válidos como prueba los correos electrónicos que parecen incriminar al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime en varios expedientes judiciales en los que está acusado de los delitos de dádivas, administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito.
El pedido fue formulado por el fiscal general Germán Moldes, quien postuló que se revoque un fallo del juez Norberto Oyarbide que declaró la nulidad de los correos atribuidos al ex asesor de Jaime, Manuel Vázquez, en los que aparecen descriptas conductas presuntamente delictivas del ex funcionario.
Según la agencia de noticias ‘DyN’, Moldes calificó de «arbitraria» la decisión de Oyarbide y subrayó que “el fundamentalismo garantista… protege cada vez más a quienes delinquen y desprotege cada vez más a quienes padecen sus delitos».
En los mails del testaferro de Ricardo Jaime, se describen una enorme trama de corrupción que se había desarrollado al amparo de los negocios de la secretaría de Transporte del kirchnerismo.
Antes, el fiscal federal Carlos Rívolo había apelado la decisión tomada por el juez Norberto Oyarbide, quien determinó la invalidez de los miles de mails hallados en las computadoras del testaferro del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
Oyarbide determinó que como no se había respetado la cadena de custodia de las computadoras se debía declarar la nulidad del hallazgo de las pruebas que involucraban no solo al testaferro Manuel Vázquez y a Jaime sino también a varios de los empresarios del área del Transporte que hacían negocios al filo de la legalidad.
El fiscal señaló en su apelación, entre otras cosas, que en otro juzgado se hizo un peritaje informático que determinó que los mails en los que se revelaban desde cuentas en el extranjero hasta arreglos por licitaciones, no habían sido introducidos en las computadoras de Vázquez.
Ahora, la Cámara Federal porteña deberá resolver si avala la decisión de Oyarbide y definirá así varias causas por supuestos hechos de corrupción, ya que como cuestión de fondo resolverá si esos emails pueden ser usados como prueba.
Moldes consideró que lo hecho por Oyarbide fue «arbitrario» porque «es inadmisible llevar las reglas del sentido común hasta el desquicio del sentido, lo decidido no responde a ningún parámetro jurídico que permita sostener la invalidez decretada y antes que una solución de utilidad para la investigación, esta es una que la estropea y empobrece sin motivo ni sentido».
Y aludió a la «fantasía novelesca» que roza las especulaciones sobre lo que pudo ocurrir desde que las computadoras salieron de los domicilios allanados hasta que llegaron a manos de la justicia.
«La cosa se pone particularmente delicada cuando el esclarecimiento de un hecho que en su día tuvo gran impacto social, queda diluido en el entramado de un nudo de difícil comprensión para el hombre común y dispara un cortocircuito moral que enciende la chispa social del desaliento, porque flotando sobre nuestras controversias, especulaciones y tecnisismos lo que ese ve desde afuera es la patente demostración de un enorme fracaso, de una injusticia», escribió el fiscal.
La última palabra la tendrá ahora la sala I de la Cámara Federal porteña.
