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BORDA: LA JUSTICIA CITA A CHAÍN Y GIMÉNEZ (JEFE DE LA METROPOLITANA)

Por la represión en el Borda

POR ABUSADORES

El ministro de Desarrollo Urbano porteño y el Jefe de la Metropolitana son señalados como responsables de la represión en el instituto Borda. Chaín y Giménez, están acusados de abuso de autoridad, requerimiento ilegal de la fuerza pública y desobediencia a una orden judicial.

El Juez Jorge Adolfo López, titular del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 30, citó a indagatoria a ambos funcionarios por la represión en el Hospital Borda del 26 de abril. Además fue citado el jefe de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), el comisionado Martín Jorge Roth, acusado de disparar contra manifestantes. Los tres están imputados por los delitos de abuso de autoridad, requerimiento ilegal de auxilio de la fuerza pública y desobediencia a una orden judicial, todos en concurso real.

Chaín, desde el inicio, fue señalado como responsable de ordenar la demolición de un taller en el Borda y de pedir la presencia policial para dispersar a los manifestantes. Ese día, hubo más de 50 heridos, entre ellos varios pacientes y periodistas.

Tras ordenar las indagatorias, el juez López giró el expediente al fiscal Eduardo Cubría, quien interviene en esta causa. López es el mismo juez que en un expediente paralelo, derivado de los mismos hechos, tomó indagatoria a cinco trabajadores a los que acusa de resistencia a la autoridad, por las heridas que sufrieron los policías.

Por la represión en el Borda fueron presentadas varias denuncias que también involucraban al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, al ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, y al subjefe de la Metropolitana, Ricardo Pedace. Luego se sumó a la lista a la ministra de Salud, Graciela Gybaud, agrega el mencionado diario.

La otra acusación contra Chaín es por haber ordenado los trabajos de demolición en el Borda cuando estaba pendiente una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo por una presentación de los trabajadores del lugar.

La desobediencia

La ambición macrista sobre los terrenos del Borda es tan antigua como su gestión. A comienzos de 2008, en los primeros meses de gobierno del PRO, Chaín presentó un proyecto de corredor verde del sur, que incluía ese espacio, y Macri hizo pública otra iniciativa para cerrar los hospitales Borda y Moyano y reemplazarlos por ocho centros de internación. En esos terrenos se planteó la construcción de un Centro Cívico, adonde se trasladarían la Jefatura de Gobierno y cinco ministerios, pero siempre estuvo latente la sospecha de que el resto del predio sería destinado a un proyecto inmobiliario.

La resistencia de los trabajadores y de la oposición frenó el proyecto de cerrar los hospitales, pero la idea del Centro Cívico resurgió en septiembre de 2011. Hubo un concurso, un llamado a licitación y dos intentos fallidos de desalojo del taller protegido, en agosto de 2012.

Recursos judiciales presentados por los trabajadores, patrocinados por el asesor tutelar, y por legisladores, lograron una medida de amparo para el taller protegido. En medio de esa disputa judicial, y cuando estaba pendiente una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, la gestión macrista ordenó la demolición. De ahí viene la acusación de desobediencia.

Por violar esa resolución, la Cámara les aplicó a Macri, Chaín y al procurador Gerardo Conte Grand multas de 20 mil pesos.

La clandestinidad

La constructora y la fuerza de choque de la Metropolitana entraron subrepticiamente por los fondos del hospital, en la madrugada del 26 de abril. Cuando los trabajadores reaccionaron, el taller ya estaba prácticamente demolido.

En su denuncia, el defensor Duacastella les atribuyó a los funcionarios haber dispuesto el operativo policial de antemano, “a partir de las cinco de la madrugada, con tropas de la División Operaciones Especiales equipadas con fusiles de asalto”. Consideró que la represión se sucedió a lo largo de varias horas, por lo cual cabe suponer que “las autoridades estaban al tanto de los hechos y prestaron conformidad al accionar policial”. Y concluyó que la reacción de los manifestantes obedeció a “una medida ilegal del gobierno”, tras lo cual “fueron reprimidos indiscriminadamente”.

Duacastella, defensor adjunto ante el Fuero Penal, presentó una denuncia contra el jefe de Gobierno y los ministros involucrados en la represión por su posible participación en los delitos de “abuso de autoridad”, “requerimiento ilegal de auxilio de la fuerza pública”, “desobediencia”, todos en concurso real con “lesiones” y “privación ilegítima de la libertad”. Al acusarlos de “abuso de autoridad”, el defensor estimó que Macri y Montenegro violaron las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad, que dispone “evitar el uso de la fuerza para dispersar reuniones ilícitas, pero no violentas”, y “el uso de armas de fuego para dispersar reuniones violentas”.

La policía abandonó el predio esa misma tarde. Dejó un tendal de heridos, pacientes con traumas y escombros, que aún hoy son testigos mudos de una inédita incursión violenta del Estado en un hospital neuropsiquiátrico.

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