la empresa explotadora del servicio sería de dos ex funcionarios de la administración macrista
LADRONES DE BICICLETAS
La empresa que ganó el concurso para extender el sistema público de bicicletas está vinculada a dos ex funcionarios del área de Transporte del gobierno de Mauricio Macri, y por ello ambos dejaron sus cargos por beneficiar a sus propias compañías desde el Gobierno de la Ciudad, según publicó el portal Minuto Uno.
La ganadora del proceso licitatorio es una asociación entre dos empresas -Unión Transitoria de Empresas (UTE)- compuesta por Serttel, una empresa brasileña que intentó la privatización del sistema de bicicletas hace un año, y Movilidad Inteligente, una empresa argentina creada en octubre de 2012, para trabajar en el rubro “asistencia técnica en movilidad, tránsito y planificación urbana” que no tiene antecedentes en la actividad, según la investigación.
Esta sociedad, cuyo domicilio cambió tres veces en solo un año e incluso se alojó inicialmente en la sede de la Mutual de Obreros y Empleados Municipales (Bolívar 444) está comandada por el ingeniero Augusto Salomón Peña Niño.
Peña Niño es socio fundador de Movilidad Inteligente, quien a su vez es socio y directivo en dos empresas conocidas del gobierno porteño y de la secretaría de Transporte: American Traffic e Ingeniería en Relevamientos Viales (IRV).
El dato llamativo es que en ambas compañías, Salomón tiene por socios a Guillermo Yampolsky y Horacio Blot, dos ex funcionarios del área de Tránsito que fueron, además, consultores técnicos y directores del área consecutivamente entre 2000 y 2008, donde promovieron y fomentaron activamente los proyectos del Metrobus y las EcoBicis.
Minuto Uno también indica que American Traffic e IRV ganaron más de una decena de licitaciones para consultoría e implementación en estas áreas, tras el paso de sus dueños por la función pública.
Y agrega que “ahora uno de sus dueños vuelve a quedarse con una nueva licitación en la Ciudad”.
Por otro lado, el pliego por el cual la UTE de Peña Niño y los brasileros accedieron a licitación establece que la concesión será por el plazo de 2 años -con prórroga de uno más- para la instalación y automatización de las 200 estaciones en total, sumando las 30 existentes en la actualidad, aunque no se explica la razón por la cual se le otorga un plazo tan extenso.
Asimismo pedía que las empresas hubieren cumplido contratos previos con el GCBA y que los profesionales técnicos o directivos de la UTE no tuvieran “relación de dependencia o vinculación directa e indirecta con el GCBA”.
Pero este no sería el caso, ya que existe una vinculación entre el ganador de la licitación y dos asesores externos del área de Transporte que ocuparon cargos públicos en la gestión de Macri.
Ahora es el turno de la Justicia para dilucidar si hubo o no delitos por parte de los funcionarios públicos.
