Según informó la Cámara Argentina de Agencias de Remises (CAAR), casi el 80% de las agencias de remises que existen en la ciudad de Buenos Aires son ilegales, lo que configura «un gravísimo problema que deriva en una desprotección para el usuario ante el caso de una accidente a raíz de la falta de controles suficientes de parte del gobierno porteño».
Un relevamiento efectuado por el propio gobierno porteño da cuenta que sobre 393 agencias de remises controladas en 41 barrios, sólo 88 estaban en regla y de las 305 restantes (78%) 192 eran ilegales y 113 tenían problemas con la habilitación.
El informe de la Subsecretaría de Transporte admitió que las remiserías ilegales «suelen no estar aseguradas y sus autos no pasan ningún tipo de control ya sea de documentación o técnico, por lo que ante cualquier inconveniente el ciudadano no tiene forma de hacer valer sus derechos».
Alberto Coppari, presidente de la Cámara Argentina de Agencias de Remises, dijo a Télam que esta situación se genera «por la falta de control suficiente del propio gobierno porteño, ya que muchas agencias ilegales no se ponen en regla porque saben que nadie las controla y no tienen sanciones».
Destacó que, «Muchos de los propietarios de estas agencias ni registran la totalidad de automóviles que poseen -con la consecuente irregularidad en verificar sus condiciones técnicas- para no pagar ningún tributo por ello, ya que saben que los controles son muy flojos.”
Pero el titular de CAAR aportó otros datos que revelan la falta de relación entre automóviles registrados y agencias habilitadas. «El gobierno de la Ciudad emitió 1738 licencias para habilitar agencias y hay registrados oficialmente 2.574 autos como remís, entonces los números no cierran, ya que uno de los requisitos para habilitar una agencia es que tenga un mínimo de cinco automóviles en la calle», precisó el dirigente.
En este sentido apuntó que «debe haber más de 15.000 automóviles circulando por las calles sin la correspondiente habilitación para ser remís, con lo que tampoco cuenta con un seguro para el pasajero en caso de accidente y muchos de esos autos no poseen la Verificación Técnica Vehicular» que no es exigible para autos radicados en la Ciudad de Buenos Aires.
Coppari no sólo adjudicó esta irregularidad al gobierno porteño «sino también a muchas empresas que trabajan con estas agencias y saben que no están habilitadas».
El titular de CAAR remarcó que en las reuniones que mantienen con el gobierno porteño «se les advierte de esta situación y desde la Cámara nos ofrecemos para señalar los lugares en los que sabemos que existen agencias ilegales, pero ellos prefieren hacer un trabajo de hormiga por los barrios que no es suficiente para ejercer un efectivo control».
«El gobierno de la Ciudad nos responde que les es muy difícil el control porque son empresas que cambian de dirección en forma constante o porque cuando van no les abren las puertas, pero es muy fácil conocer de una agencia cuando automóviles tiene y cuántos empleados posee», sostuvo el dirigente.
En la década del 80 los remises eran casi un servicio de lujo, para uso empresarial o eventos especiales pero en los 90 de la mano de la crisis económica, mucha gente que perdió su empleo usó la indemnización para comprarse un auto y trabajarlo como remís, por lo que creció exponencialmente la cantidad de agencias de escala barrial.
Una de las características de estas agencias ilegales es la informalidad con autos viejos y lugares que funcionan con menos de los cinco vehículos que se piden como mínimo para la habilitación.
«Hay mucha irresponsabilidad en los controles, el gobierno de la Ciudad terceriza el servicio a través de la empresa SACTA, que tiene la concesión vencida desde hace más de diez años y debería controlar no sólo los remises, sino los fletes y el transporte escolar, pero no verifica nada», aseguró Coppari.
El presidente de la Cámara sostuvo, además, que «los hoteles, las terminales de ómnibus, Aeroparque, la salida de YPF, los puestos de peaje de las autopistas son los lugares que el gobierno porteño debería tener presencia para ejercer un verdadero control.” Indicó que debería haber «un trabajo coordinado entre la Ciudad, la AFIP, la secretaría de trabajo porque existe mucha evasión tributaria y empleados no declarados, al margen de que los automóviles no poseen las condiciones necesarias para circular».
Puntualizó sin embargo que existe un convenio colectivo de trabajo desde junio del año pasado para todo el sector que regula esta actividad «pero que hace pocos meses está vigente».
