La Cámara de Diputados, en la primera sesión ordinaria del 136º periodo legislativo, aprobó con modificaciones el expediente 20.716, que autoriza al Poder Ejecutivo a modificar las tablas de tramos para la determinación de los impuestos Inmobiliario y Automotor, informó la Agencia AIM.
Con esta decisión el gobernador Urribarri podrá establecer a su entero antojo los valores de las alícuotas para establecer el monto de los impuestos inmobiliario y automotor, por lo que se espera un nuevo cimbronazo a la actividad económica en general, lo que agravará la complicada situación actual. El gobernador necesita urgentemente fondos frescos para poder afrontar la campaña política que se inicia y para reponer todo lo que ya gastó en el inútil “gran sueño entrerriano”.
La iniciativa fue aprobada sin el apoyo de la oposición, ya que legisladores del socialismo y el radicalismo no la acompañaron, porque consideraron que este tipo de normas “convierten a la Legislatura en una escribanía del Ejecutivo, lo que va en contra de la calidad institucional de la provincia”, pronunciándose en contra de nuevos incrementos impositivos.
El diputado Julián Rubio (UCR, Gualeguay) opinó que el tratamiento se realizó “con una premura injustificable que necesitaría otro análisis. Además, estamos convencidos que tal modificación hubiera requerido otro estudio que no se dio”.
Rubio marcó que la aprobación de esta modificación “no hace otra cosa que ratificar la postura del oficialismo en Diputados de delegar más poderes el Ejecutivo, en desmedro de la Legislatura. Estamos entregando al Ejecutivo una herramienta que es de la Legislatura. No se pueden delegar más facultades”, y señaló que por eso su bancada no acompañó el proyecto.
El socialista Lisandro Viale adelantó que no acompañaría la iniciativa “porque no se pueden seguir otorgándole facultades al Ejecutivo. No puede ser una constante de este gobierno tomar este camino de la delegación de facultades porque se desnaturaliza nuestro rol como legisladores”.
Luego María Emma Bargagna (FAP) y, posteriormente, Claudia Monjo (Frente Renovador) ratificaron que no acompañarían el proyecto, adhiriendo a las palabras de los diputados preopinantes.
También se aprobó sobre tablas y con el acompañamiento de otros bloques la modificación del artículo 192 inciso b.3) de la ley 10.027, que estipula que “las Cajas de Jubilaciones solo podrán disponer empréstitos a los municipios con la aprobación de la asamblea de activos y pasivos reunidas para ese fin, debiendo acotar los plazos de devolución dentro del mandato constitucional de la gestión solicitante”.
Con la modificación aprobada, que fue un proyecto del presidente de la Cámara, José Allende, desde ahora solo se necesitará la aprobación sin necesidad de hacer una asamblea, a la vez que la obligación de hacer la devolución “dentro del mandato de la gestión solicitante”, queda limitado solo a cuando el empréstito sea para gastos corrientes; cuando el mismo sea para otro tipo de cuestiones no especificadas en el proyecto, pero que por ejemplo pueden ser obras dentro del municipio, el plazo de la devolución puede quedar para la gestión siguiente.
Finalmente el proyecto se aprobó con 26 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. En Entre Ríos ya hay varios antecedentes respecto a la falta de aportes de los municipios a las Cajas de Jubilaciones de los mismos. La municipalidad de Victoria debió soportar las consecuencias de un fallo judicial por ese motivo, debido a los desmanejos de un intendente. A la vez que uno de los diputados que anoche votó a favor del proyecto, Juan Carlos Darrichón, fue sobreseído en 2013 en un juicio por malversación de fondos de la Caja, en su gestión como intendente de Diamante.
Pero nada les importó a los diputados oficialistas y en este caso también a varios de la oposición, para levantar la mano para que siga el “saKeo” a todos aquellos que generan recursos gracias a su esfuerzo.
