NUEVA POMPEYA: INAUGURAN LA CARCEL DE CONTRAVENTORES PORTEÑOS

está en Beazley 3860

ARRÉSTEME SARGENTO Y LLÉVEME A POMPEYA

Al Código Contravencional Porteño solo le faltaba el lugar para mantener detenidos a sus infractores, ya que al no haber “un lugar” los jueces dictaban detenciones domiciliarias, imposibles de controlar.

El lugar de detención está dentro del Centro de Servicios Judiciales que construyó el Consejo de la Magistratura en Beazley 3860, donde otrora funcionase la Editorial Santillana, en el segundo piso y tiene su propio ingreso, y recibe custodia de la Policía Metropolitana con 15 efectivos por turno.

Juan Manuel Olmos, presidente del Consejo de la Magistratura, recorrió las instalaciones junto a miembros del Poder Judicial local y del Ministerio de Justicia y Seguridad, y declaró: «En 2012, ante la manifiesta necesidad de que la ciudad contara con un espacio para el alojamiento provisorio de contraventores, los consejeros porteños aprobaron en reunión plenaria la construcción de un centro de detención»

117 personas fueron condenadas por violar clausuras, afectar el funcionamiento de los servicios públicos, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas, revender entradas o la organización y explotación ilegal del juego en la Ciudad durante 2014: ninguna quedó detenida. ¿El motivo? No había en la Ciudad un lugar habilitado para alojarlos.

El complejo ocupa 1.000 m², cuenta con diez calabozos -seis para hombres y cuatro para mujeres- y otras instalaciones como consultorio médico, salones de usos múltiples y patio al aire libre. También hay una habitación para las “visitas higiénicas” de los detenidos cuya condena supere los 30 días. Su construcción costó $20 millones.

Cabe recordar que el plazo máximo de detención puede alcanzar los 90 días en alguna causa, por ejemplo, de juego clandestino, o que involucre a menores.

Vender alcohol a menores, violar una clausura, manejar ebrio u hostigar e intimidar son algunas de las violaciones a las leyes de convivencia de la ciudad que pueden tener como pena el arresto.

En 2014, 116 personas tuvieron pena de arresto. Y, según la Oficina de Estadísticas del Consejo de la Magistratura, las contravenciones que prevén penas de arresto que se suscitaron con mayor frecuencia en 2013 fueron: hostigar, maltratar e intimidar (1 a 5 días de arresto); violación de clausura (5 a 20 días); conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes (1 a 10 días), y la portación de armas no convencionales (5 a 15 días).

LARGA HISTORIA

La cárcel de contraventores tiene una larga historia. Hasta 1997, en la ciudad regían los edictos policiales, que a fines de ese año dejaron de tener efecto luego de que la Legislatura dictara el primer Código de Convivencia. La primera sede porteña que funcionó como cárcel para los condenados se encontraba en Viamonte al 1100, frente al Teatro Colón, en un espacio cedido por el Servicio Penitenciario Federal en lo que hasta 1989 fue la Unidad 22 del Servicio Penitenciario Federal, y donde estuvieron presos alguna vez Jorge Videla y José López Rega.

Aquel alojamiento fue criticado por todos los sectores por la poca cantidad de presos que albergó durante su funcionamiento, hasta 2005. En aquel momento, luego de una inspección del gobierno se detectó ausencia de matafuegos; presión inadecuada de las mangueras, y almohadas y colchones que, al ser sometidos a un ensayo de incendio, se quemaron el 100 por ciento.

Después de estas fallas, la cárcel se mudó a Villa Crespo, frente al predio del Club Atlanta, en Humboldt 350. Sin embargo, por una situación similar respecto del estado edilicio, dejó de funcionar. La novedad trascendió cuando, en junio de 2012, al jefe de la barra brava de Boca Mauro Martín -que debía cumplir una condena de cinco días de arresto por un episodio ocurrido en octubre pasado en la Bombonera- se le concedió arresto domiciliario porque la cárcel no estaba en condiciones de alojarlo.

La cárcel nueva ocupa 1000 m2 de los 5000 m2 que tiene el Centro de Servicios Judiciales, cuyo costo total asciende a unos 20 millones de pesos. Allí también funcionan el Depósito y Archivo Judicial del Consejo. Es decir, allí se digitalizan y se conservan las causas que son archivadas en todos los juzgados porteños y que tienen que ser reservadas, al menos por diez años.

«Aquí hay 4000 metros lineales de expedientes. Hasta el momento se digitalizaron 100.000 expedientes, que equivalen a unos 6,5 millones de fojas. Y sólo es el 10% del total de las causas archivadas», explicó Olmos durante la recorrida.

Existe una iniciativa que se enviará a la Legislatura para que, una vez digitalizados, los documentos archivados puedan eliminarse transcurridos cinco años. Se preservará la prueba, pero la idea es ir eliminando paulatinamente el papel. Por año se calcula que se archivan entre 3000 y 4000 expedientes. Hasta fines del año pasado la cuenta indicaba que hay preservadas casi un millón de causas.

El archivo fue diseñado especialmente y cuenta con medidas de prevención ignífugas para no dañar los papeles de los expedientes. El archivo judicial de la ciudad comenzó a funcionar en los subsuelos del edificio de Beruti y Coronel Díaz, donde hoy está el CGP 14.

En el edificio, que fue construido por el Consejo, también funcionará desde la semana próxima un centro de geolocalización judicial. La cárcel de contraventores y este espacio fueron cedidos a la jurisdicción del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño..