El magistrado Marcelo Martínez de Giorgi reclamó los expedientes en los que se tramitó publicidad. Página/12 reveló que hay grandes diferencias entre lo que figura y lo que los medios recibieron.
Por Werner Pertot
El juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó al gobierno de Mauricio Macri que entregue todos los expedientes en los que se tramitó el manejo de pauta publicitaria. Lo hizo a pedido del fiscal Federico Delgado en la investigación penal que se abrió a partir de la denuncia de Radio Ahijuna, de Bernal, y a la que se sumaron otras radios. Además del pedido de informes a la gestión PRO, el juez envió oficios a las radios para que ratifiquen las diferencias entre lo publicado en la web del Gobierno porteño y lo que realmente facturaron. “Esperemos que Macri le responda al juez antes de la fecha de las elecciones y no como viene pateando los pedidos de informe que solicitamos en la Legislatura”, señaló la jefa de bloque del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre.
El fiscal Delgado había solicitado una extensa serie de medidas de prueba sobre el presunto lavado de dinero en la causa que se caratula “Gaytán Pablo Facundo y otro sobre malversación de caudales públicos”.
El fiscal había señalado que en la maniobra que se investiga había identificada ya 14 radios que tenían diferencias con lo que publicó el Gobierno porteño en la página web Buenos Aires Data. Y mencionó que en total podría haber otras 47 radios. Incluso podrían ser más. “De acuerdo a Página/12, el total de dinero cuyo destino real se desconoce ascendería a 8.954.803 pesos”, indicó el fiscal, que señaló que se debe “determinar qué ocurrió con los fondos públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que fueron falsamente consignados como pauta publicitaria, cuando en realidad fueron llamativa y burdamente desviados”.
El juez Martínez de Giorgi hizo lugar a la primera de las medidas que había solicitado el fiscal, quien pidió que “se obtengan de la Secretaría de Comunicación Social y la Secretaría de Medios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires todos los expedientes que contengan los contratos mediante los cuales se otorgó pauta oficial a las emisoras y medios de comunicación”. El procesado jefe de Gobierno, Mauricio Macri, aseguró en diversas oportunidades que colaborará con el Poder Judicial y entregará toda la documentación. No dijo, en cambio, en qué tiempos lo haría.
El juez también citó a las radios involucradas para que ratifiquen y entreguen documentación sobre las diferencias entre el dinero que recibieron y el que figura en la página porteña. Hay casos en los que la radio directamente no recibió dinero. En otros, la diferencia es abismal: en el de Ahijuna, que presentó la denuncia original, figuraba con 618 mil pesos en la web porteña y facturó 35 mil.
Si el gobierno porteño contesta al juez lo que respondió públicamente: que son los intermediarios los responsables de distribuir la pauta, es probable que el magistrado profundice la investigación sobre los bolseros. El fiscal ya había solicitado informes sobre las empresas Media Cruz, Publiespacios, SDV Media y Dclas SRL, y sobre las personas que aparecen en sus directorios. También sobre aquellos que hacían los llamados, en particular, el polista Juan Pablo Catanzaro –que integra el directorio de diversas agencias de publicidad– y su pareja, la esteticista María Luz Altobelli. “Se deberá indagar qué existe detrás de Gerove, la clínica de liposucción propiedad de Altobelli”, indicó el fiscal.
Según fuentes judiciales, este es el camino que seguirá el juez para poder establecer responsabilidades. Como publicó este diario, una de las agencias de publicidad que manejaba pauta publicitaria, Reale-Dalla Torre Consultores, tiene a sus dueños y buena parte de sus empleados como aportantes de la campaña de Cambiemos. Según fuentes judiciales, esto podría complicar a los funcionarios porteños, sobre todo si se establece que el modus operandi en todas las provincias y con todos los intermediarios era el mismo.
Como informó este diario, hace un mes Reale-Dalla Torre también recibió una contratación del ministerio de Educación, Esteban Bullrich, que es idéntica a otra que se preadjudicó la semana siguiente a otra empresa, La Usina Digital, que tiene vinculaciones con los dueños de Reale-Dalla Torre. Ningún funcionario porteño dio explicaciones sobre estos contratos, ni aportó ninguna documentación que esclarezca los manejos de la pauta.
(fuente: Página12)
