El Gobierno de la Nación impulsa un proyecto de ley para declarar como “utilidad pública” los terrenos de las villas, expropiando los inmuebles integrantes del Registro Nacional de Barrios Populares (creado en 2017) para urbanizar más de 4.000 villas en la Argentina y que 3.5 millones de personas se conviertan en propietarios mediante acuerdos. Además, suspendería los desalojos por dos años y crearía un fideicomiso.
Jonatan Baldiviezo, miembro del Observatorio del Derecho a la Ciudad, destacó la medida sin precedentes en el país. Particularmente, el trabajo de las organizaciones sociales que presionaron al Estado para dejar su papel pasivo. Es que según el relevamiento realizado, el 61% de los 4.400 asentamientos a nivel país están ocupados en tierras privadas. Por lo tanto, si el Gobierno quisiera urbanizar tendría que hacerse de esos predios. Por eso, esta Ley daría una herramienta para obtener los terrenos y forzaría su venta para urbanizarlos.
Si bien apoyó la medida, Baldiviezo también se preguntó cómo hacer para se cumpla su espíritu. A simple vista, el Estado y las provincias tendrán que destinar presupuesto para concretarla, mientras sigue vendiendo tierras públicas (punto contradictorio). Sin embargo, podrían modificar el Código Civil para que una persona no se apropie de un terreno usurpado después de 20 años comportándose como dueño.
Al mismo tiempo, señaló que agregaría protecciones para que no se entrometa el mercado inmobiliario en los barrios y tampoco se expulse a las familias que viven allí.
