El mes pasado, el Gobierno de la Nación impulsó un proyecto de ley para declarar como “utilidad pública” los terrenos de las villas. De esta manera, busca urbanizar más de 4.000 villas en la Argentina y que 3.5 millones de personas se conviertan en propietarios mediante acuerdos. Para eso, deberán expropiar los terrenos integrantes del Registro Nacional de Barrios Populares (creado en 2017) y se anularían los desalojos por dos años.
Jonatan Baldiviezo, miembro del Observatorio del Derecho a la Ciudad, volvió a destacar la medida, que se está tratando en la Comisión de Vivienda, ya que es un punto de inflexión histórico. Sin embargo, señaló algunos cuestionamientos en la metodología por ser irreales.
En primer término, esta medida significaría una fuerte erogación, mientras el estado tiende a la reducción de gastos públicos y además sería una gran dificultad llevar adelante miles de expropiaciones.
Por esta causa, Baldiviezo planteó, que podrían modificar el Código Civil para que una persona no se apropie de un terreno usurpado después de 20 años comportándose como dueño. Así, las familias se apropiarían más rápido de los barrios y no habría que pagarle a los propietarios.
