La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires debate la modificación del Plan Urbano Ambiental (PUA) para ajustarlo a los nuevos códigos Urbanístico y de Edificación. Se trata de la ley marco a la que deben adecuarse las políticas del distrito.
El referente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, recordó que el PUA fue aprobado en 2009, cuya actualización se había establecido cada 5 años. En 2014 se tendría que haber hecho la primera revisión, pero eso no ocurrió.
Por eso, insistieron con su discusión antes del tratamiento de los códigos, ya que son los instrumentos del plan. No obstante, el Gobierno porteño decidió cambiar el orden.
En este sentido, agregó que el plan actual está confeccionado en base a un diagnóstico de los años ’90, por lo que no tiene correspondencia con los instrumentos de planificación de la Ciudad. De hecho, los alquileres no eran una problemática, sólo afectaba al 10% de la población. Sin embargo, hoy son inquilinos entre el 35 y 40% de los porteños.
De esta manera, se conformó el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA) que redactará y actualizará el PUA. Para eso, el grupo estará compuesto por legisladores de Vamos Juntos, los radicales, el Gen y Consenso Federal.
Esta decisión generó disconformidad en el bloque del Frente de Todos, la fuerza opositora con mayor representación. «Haciendo uso de su mayoría, el Jefe de Gobierno y sus aliados proponen una conformación sin ni siquiera un miembro de nuestra fuerza, excluyendo a la oposición que defiende el espacio público para todos, para dejar las decisiones de políticas urbanísticas en manos de los privados”, afirmaron.
Según Baldiviezo, también queda afuera parte de la población que no tiene acceso a internet o no posee dispositivos informáticos Es que, dada la circunstancia de la pandemia, se avanzará de manera virtual.
«Debe ser lo más participativa posible», manifestó en diálogo con FRECUENCIA ZERO. Porque su verificación determinará el comportamiento de las construcciones, el acceso a los servicios públicos, la dinámica comercial y productiva, y la protección de la cultura.
