Tras la última jornada de alegatos de las nueve que tenían prevista, los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani pidieron una condena de 12 años de prisión efectiva y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, en el marco del juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015.
La diputada nacional de la UCR, Mariana Stilman apuntó contra la vicepresidenta por escudarse bajo la «falta de pruebas» o en el «desconocimiento» de lo que ocurría. Pero, resaltó que la valoración de los fiscales «consiste en una ilación lógica de las frondosas pruebas que existen en el expediente, que hacen que se caiga de maduro la conclusión de la acusación a todos los participes con la vicepresidenta a la cabeza».
«Lo que la ha enfurecido a la doctora es que haya aparecido tanta evidencia de su conocimiento y participación personal. Ellos apuntaban a señalar el posible desconocimiento», señaló Stilman.
A su vez, recalcó que existen «frondosas pruebas» de la participación de Fernández de Kirchner, asimismo como de que era ella quien dirigía el negocio luego del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner, que es el apuntado de armar la presunta «asociación ilícita».
Stilman también explicó que la legalidad que le atribuye el kirchnerismo se debe a que existía «un engranaje administrativo que lo avaló», que implica la creción de un «ministerio federal» como lo fue el Ministerio de Planificación, hasta las «decisiones administrativas que están emanadas de los sucesivos jefes de Gabinete», que son los que disponen de la posibilidad de modificar las partidas de un presupuesto y hacer giros con fines diferentes a los que fueron asignados por el parlamento nacional.
