La Cámara Alta aprobó una serie de proyectos que implican mejoras en el sistema previsional, incluyendo un aumento del 7,2% para jubilaciones, la suba del bono para quienes cobran la mínima de 70.000 a 110.000 pesos, la prórroga de la moratoria previsional por dos años, la declaración de emergencia en discapacidad y nuevas regulaciones sobre la coparticipación de impuestos y la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Aunque el Ejecutivo anticipó un posible veto y el ministro Luis Caputo aseguró que las medidas generarían un incremento del gasto público equivalente al 2,5% del PBI, varios economistas y legisladores pusieron en duda esa cifra.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista José Castillo calificó de “mentira absoluta” la estimación oficial y señaló que el verdadero impacto fiscal sería muy inferior: apenas un 0,2% del PBI para el paquete previsional y un 1,2% si se suman las medidas vinculadas a las provincias. “Las jubilaciones seguirán siendo de miseria. Lo aprobado no resuelve nada estructural, pero el gasto adicional es mínimo”, sostuvo. Además, advirtió que el gobierno buscará no aplicar las leyes votadas y podría judicializar su implementación, incluso si el Congreso logra insistir con su aprobación.
Castillo también apuntó contra la administración nacional por retener discrecionalmente fondos coparticipables y ATN que, por ley, corresponden a las provincias. “Milei no está haciendo ajuste: está guardándose parte de los impuestos para mostrar superávit. Eso no es eficiencia, es un ataque al federalismo y a los más vulnerables”, afirmó. En ese sentido, cuestionó que el gobierno planee subir impuestos a los combustibles sin coparticiparlos, mientras redirige el gasto hacia áreas como seguridad en lugar de salud o educación.
