La Cámara de Diputados rechazó ayer el veto presidencial a la ley de emergencia pediátrica, una norma clave para reforzar el financiamiento del Hospital Garrahan y de otros centros de salud del país. La decisión legislativa fue celebrada por trabajadores y pacientes, aunque persiste la incertidumbre sobre si el Ejecutivo reglamentará efectivamente la medida. En paralelo, salió a la luz una denuncia que expone un manejo irregular de recursos genuinos del hospital, lo que incrementa la tensión entre el personal médico y el gobierno.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Pablo Puccar, jefe de cuidados intermedios y moderados del Garrahan, advirtió que las autoridades nacionales destinaron unos 40 mil millones de pesos, equivalentes a casi 25 millones de dólares, a un fondo de inversión del Banco Nación. Ese dinero provenía de prestaciones cobradas a obras sociales y prepagas, que históricamente se utilizaban para otorgar bonos al personal y para invertir en infraestructura y tecnología hospitalaria. “Nunca se tuvo tanta plata guardada, y esa plata debería haberse usado para frenar la fuga de profesionales y sostener la atención. Es una gravedad absoluta”, remarcó.
El médico explicó que, en el último año y medio, 245 especialistas renunciaron al hospital por la falta de incentivos y condiciones laborales adecuadas. “El hospital tenía los recursos para revertir esta situación, pero se escondieron los fondos. Nos quieren hacer creer que no hay dinero y que hay que quitárselo a los jubilados, cuando en realidad era plata generada por los propios trabajadores”, denunció Puccar. Según señaló, se trataba de una reserva que históricamente servía de respaldo en casos de urgencia, pero que esta vez fue desviada a la “timba financiera”.
La revelación se suma a un contexto de creciente malestar social frente a la política sanitaria del Gobierno. Pese al avance legislativo en Diputados, persiste la preocupación por la voluntad del Ejecutivo de aplicar la emergencia pediátrica. “Tenemos mucha alegría por el apoyo recibido, pero también incertidumbre: hasta ahora nada se resolvió con lógica. Si no se reglamenta, la salud de miles de chicos quedará aún más expuesta”, concluyó Puccar, quien subrayó que la situación ya pone en riesgo la calidad de atención en el principal hospital pediátrico del país.
