Las universidades públicas de todo el país llevan adelante un paro nacional de 72 horas en reclamo por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida, impulsada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), busca visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema y exigir al gobierno nacional una respuesta concreta. Entre los reclamos centrales se destacan la recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la apertura de paritarias.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Carlos De Feo, secretario general de CONADU, aseguró que el acatamiento a la medida “es muy alto en todo el país” y que refleja “el enorme malestar de la docencia frente a la pérdida salarial y la falta de presupuesto”. Según explicó, “el 80% de los trabajadores universitarios está por debajo de la línea de pobreza”, y muchos docentes deben recurrir al pluriempleo o a trabajos informales para subsistir. De Feo advirtió que la situación no solo afecta a los trabajadores, sino también a la calidad educativa y al funcionamiento de las universidades.
El dirigente gremial señaló además que el conflicto se agravó ante la falta de diálogo con las autoridades. “No hay paritarias desde octubre del año pasado, y las últimas reuniones fueron una imposición de aumentos discrecionales”, denunció. También apuntó contra el Gobierno por vetar la Ley de Financiamiento Universitario y no garantizar los fondos necesarios para su ejecución. “El presupuesto enviado al Congreso replica los números de este año, lo que deja a las universidades grandes con serios problemas y a las pequeñas al borde del cierre”, alertó.
De Feo advirtió que, si la situación no se revierte, el inicio del ciclo lectivo 2026 está en riesgo. “Las universidades medianas y chicas podrían no abrir sus puertas si no se aplican los fondos previstos por ley”, afirmó. El dirigente recordó que en los últimos meses más de 10 mil docentes y miles de estudiantes abandonaron las aulas por la pérdida del poder adquisitivo y la falta de becas. “Estamos ante un proyecto que busca achicar la universidad pública y convertirla en un servicio arancelado para pocos”, concluyó.
