La denuncia por presunto lavado de dinero que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino suma un nuevo capítulo. El caso, impulsado por dirigentes de la Coalición Cívica, se originó tras un explosivo cruce público con Carlos Tevez y derivó en una presentación para investigar la compra de una mansión en Pilar, una flota de autos de alta gama y una serie de vuelos en helicóptero hacia esa propiedad. En paralelo, Tapia denunció a dos de los legisladores por supuesta extorsión vinculada a contrataciones en el ámbito del CEAMSE, organismo que integra como representante bonaerense.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el legislador porteño Facundo Del Gaiso sostuvo que la investigación se disparó al detectar que la propiedad en Pilar figura a nombre de una jubilada, Ana Lucía Conte, y de su hijo Luciano Pantano, monotributista, a quienes considera posibles testaferros. Según detalló, a su nombre también aparecen 56 vehículos (varios de colección) y consumos millonarios en tarjetas corporativas para su mantenimiento. El legislador afirmó que “las pruebas son contundentes” y cuestionó las demoras judiciales tras los cambios de magistrados, al tiempo que reclamó que se cite a declarar a los titulares formales de los bienes para que expliquen el origen de los fondos y los movimientos detectados.
Del Gaiso también pidió que se incorporen a la causa los registros de vuelos en helicóptero hacia la mansión, que serían “alrededor de 100” y que presentarían irregularidades administrativas. Para el legislador, esos traslados demostrarían que la vivienda no era utilizada por sus dueños formales sino por terceros vinculados al poder del fútbol: «En esos vuelos seguramente había gente muy importante y es un problema que se sepa«, sostuvo. “Estamos frente a una casta política, judicial y futbolística”, afirmó, y aseguró que la Justicia deberá determinar si existió una estructura destinada a ocultar patrimonio y canalizar fondos a través de terceros.
