La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el martes la sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, con el que el Gobierno derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Esa ley, sancionada en 2011, limitaba al 15% la titularidad extranjera de tierras rurales y fijaba un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó el amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) al considerar que la soberanía territorial no es un bien colectivo que una asociación pueda defender en la Justicia. Aclaró además que no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto. Con la decisión, vuelve a regir la derogación.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Félix Lonigro, abogado constitucionalista, advirtió que el fallo suele malinterpretarse: «La Corte no se pronunció sobre ese tema». Explicó que el tribunal cuestionó a los jueces anteriores por haber aceptado la demanda: «no por el contenido, sino porque esta gente no tiene legitimación activa para pedir esto». Como consecuencia, sostuvo, el DNU «está vivito y coleando, porque la Corte no es que lo validó, sino que rechazó al que pedía su invalidez». Recordó también que el Senado rechazó el decreto, pero que sigue vigente porque para dejarlo sin efecto deben rechazarlo ambas cámaras.
Lonigro señaló que el control de constitucionalidad en Argentina «es concreto». «No es abstracto, no puede ir cualquiera». Admitió que la reforma de 1994 amplió la legitimación, pero que eso generó «zonas muy borrosas» sobre quién puede demandar. Por eso responsabilizó al Poder Legislativo: «Estamos en un limbo jurídico en el que el Congreso debería haber sancionado una ley para regular el tema de las acciones colectivas», sostuvo. Mientras eso no ocurra, concluyó, «todo queda en la interpretación de la Corte o de los tribunales».
