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VENTA ILEGAL: MANTERO AMPARADO POR LA JUSTICIA

la medida fue dictada por el Juez Gallardo

SALE CON FRITAS

La justicia porteña intimó al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a la Policía Metropolitana a que cumpla una orden, dictada en 2007, en resguardo del libre ejercicio de la venta callejera para subsistencia de un vendedor de la zona de Once. Sin justificar o no el dictamen judicial, cierto es que se trata de otra pronunciación del Juez Gallardo, archienemigo de Macri, que vuelve una vez más a sancionar al gobierno porteño.

El mantero había denunciado frecuentes operativos que no respetan una sentencia de amparo vigente, según informó el Sistema de Difusión Judicial de la magistratura porteña.

El titular del juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad, Roberto Andrés Gallardo, intimó al Gobierno y a la Metropolitana «a dar exacto cumplimiento» a la sentencia dictada en 2007. Esa medida ordena que tanto la autoridad administrativa como la fuerza policial porteñas se abstengan de «efectuar clausuras, remociones o afectaciones a la labor comercial» de un vendedor ambulante de productos no alimenticios de la zona de Once.

La resolución judicial del pasado 23 de junio fue motivada por la denuncia efectuada por un vendedor de medias, gorros, guantes (en época invernal) y ojotas y baratijas en la zona de Pueyrredón y Valentín Gómez.

El hombre argumentó que la Metropolitana incumplió lo dispuesto en la sentencia de amparo vigente, que resguarda la venta de mera subsistencia en la vía pública o en transportes públicos, por no constituir contravención alguna.

Según consta en la resolución, el vendedor denunció la realización de numerosos operativos contra la venta callejera en la zona de Once por los cuales sufrió el secuestro de mercadería.

También se describe la existencia de una causa en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas, y la solicitud de devolución de la mercadería incautada, que fue rechazada por la titular del Juzgado N° 4 de ese fuero. «Pese a la sentencia firme de amparo», el mantero «continúa viendo turbada su actividad», expuso Gallardo.

El magistrado también señaló que la negativa a devolverle la mercadería, aún cuando no fue «secuestrada en la vía pública sino en un local de depósito», obstaculiza el desenvolvimiento de la actividad del vendedor y atenta contra la sentencia, que «reviste la calidad de cosa juzgada material».

La decisión del juzgado contravencional «modifica una sentencia firme, afectándose el principio de estabilidad de las sentencia que constituye una exigencia de orden público y tiene raigambre constitucional», argumentó el juez.

Gallardo solicitó a la jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 4 «que evalúe la petición de devolución de mercadería secuestrada» al mantero, «a fin de garantizar el normal desenvolvimiento de su actividad de venta ambulante».

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