Fue aplazado el inicio del juicio por el crimen de Melina López – asesinada el 19 de agosto del año pasado delante de su novio por delincuentes que le robaron una pequeña cartera, en Villa Lugano – porque uno de los imputados está enfermo de neumonía.
El debate, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 12 porteño, debía comenzar esta mañana a las 9, pero ante la noticia de que el acusado Jonathan Aranda (23), alias «Chalequito», estaba enfermo y no podría concurrir, los jueces decidieron suspender la audiencia y definirán una nueva fecha durante los próximos días.
Los imputados son Aranda y Carlos Eusebio Cañete (22), quienes llegan al debate oral detenidos y afrontarán una acusación de «homicidio criminis causa», por el cual, en caso de ser condenados, recibirán la pena de prisión perpetua.
El Tribunal está conformado por los jueces Darío Medina, Claudia Moscato y Luis Márquez y la parte acusadora está integrada por el fiscal Gustavo Gerlero y por el abogado querellante Gabriel Becker, en representación de la tía abuela de la víctima, Alicia Ester Chavero.
El hecho ocurrió el 19 de agosto del año pasado en la avenida Fernández de la Cruz y Pola, de Villa Lugano, cuando Melina (18) caminaba junto a su novio y su cuñada y fueron sorprendidos por dos delincuentes armados que los asaltaron.
Según el relato de testigos y las pericias realizadas que constan en el expediente, uno de esos jóvenes, supuestamente Cañete, sacó un arma y deslizó la corredera (la preparó para disparar) mientras increpaba a Melina y al joven pidiéndoles sus pertenencias.
El agresor acercó la pistola a la cabeza del chico, quién intentó alejarse y recibió un «culatazo» en la nariz, aunque producto de ese golpe, el arma se disparó e hirió a Melina en la cabeza.
Mientras Melina agonizaba en el piso, el otro asaltante (Aranda) aprovechó para arrancarle su pequeña cartera y, luego, ambos huyeron y se refugiaron en el barrio «Papa Francisco».
La joven fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital Piñero, donde murió ese mismo día.
Cuando pidió la elevación a juicio de la causa al juez de instrucción Javier Ríos, la fiscal Ana Yacobucci aseguró que el hecho de accionar la corredera del arma «es una evidencia clara e irrefutable de la intención de provocar la muerte con ella ante el menor acontecimiento».
En base a las pruebas recolectadas, para Yacobucci quedó comprobada la existencia de «un plan criminal pensado y llevado a la práctica» por los acusados, quienes se dividieron las funciones con «el objeto de vencer la resistencia de quienes atacaban, para lograr el desapoderamiento, llegando hasta el punto de matar para conseguir ese objetivo».
Los jóvenes llegaron a juicio oral acusados del delito de «homicidio críminis causa», es decir que mataron para lograr la impunidad de otro delito, como lo es en este caso el robo.
