En el inicio de 2019, María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, señaló que los ciudadanos conocieron que el Estado Nacional delegó los subsidios de los servicios básicos en los gobierno provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
¿En qué contexto se hizo? Entre 2016 y 2018, los incrementos acumulados en los servicios públicos fueron 2.000% en gas, 1.500% en energía y casi 1.000% en agua potable. Como contraposición a estos datos, «en la Ciudad el costo para sus accesos pasó de representar un 6% del salario mínimo a un 23%». Según índices europeos, se denomina «pobreza energética» cuando se destina el 10% de los ingresos al abono de los servicios.
A partir de esta situación, la especialista aseveró que el espacio Asamblea Ciudadana, respaldado por CTEP Capital y la CTAA-Capital, se preguntó cuántas personas se encuentran en «pobreza energética». Por eso, decidió impulsar el proyecto para declarar la emergencia tarifaria en el distrito porteño, considerando a los servicios públicos como un derecho humano y entendiéndolos como un bien social, no una mercancía.
Koutsovitis aseguró que los servicios públicos «determinan la calidad de vida» de los habitantes. Por lo tanto, la propuesta declara la emergencia, crea un registro para recibir denuncias, sistematiza la información sobre una prestación inadecuada, impide cortar el servicio y amplía la tarifa social (aplicándose de manera automática y no haciendo un trámite individual) para clubes de barrio y pequeñas pymes, entre otros.
En este marco, el próximo viernes se realizará el cuarto ‘ruidazo’ para reclamar su tratamiento en sesiones extraordinarias de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
