María Emilia Aladio González, subcoordinadora de Usuarios Esenciales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, analizó el acuerdo entre Nación, Edenor, Edesur, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires por el traspaso de jurisdicción del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica.
En este contexto, señaló que recién arranca la discusión en la Legislatura porteña. En principio, el Parlamento sólo puede aprobar o rechazar el acuerdo, no puede modificar ningún punto. Sin embargo, hay más incertidumbres que certezas, como ocurre con los trabajadores del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
«No hay certezas de que pasará con ellos. Cuántos pasarán al nuevo Ente Metropolitano de Servicios Eléctricos (EMSE), si es que alguno pasa», señaló la especialista. En caso contrario, tampoco se sabe cuál será el destino del personal técnico y de los profesionales ampliamente capacitados. De todos modos, referentes de ATE y UPCN expusieron en las reuniones de asesores e informativas.
Al mismo tiempo, Aladio González aseveró que «se tiene que condonar las deudas existentes entre Nación con las distribuidoras, y las empresas con los usuarios (aunque no hay precisión de los montos) para acordar el traspaso». «Todos sabemos que hay numerosas resoluciones del ENRE a favor de los usuarios que no han sido cumplidas al día de la fecha», explicó. En consecuencia, las personas perderían estos pronunciamientos si concretan la eximición.
Más allá de estas situaciones, la referente de la Defensoría consideró que el traspaso favorecerá a los usuarios. Es la «Ciudad tendrá la facultad de controlar las prestaciones una vez terminada la revisión integral de las tarifas en 2021». Además, podrá controlar las tarifas y ampliar la ayuda social.
