El fin de semana el sindicato de Camioneros difundió imagenes donde el titular de la rama logística de ese gremio Oscar Borda se encontraba junto a otros trabajadores al frente de inspecciones a centros de distribución y proveedores para controlar el abastecimiento del programa Precios Justos.
En ese marco, como el aval del control lo dio la Secretaría de Comercio que encabeza Matías Tombolini, la Fundación Apolo, por medio de sus integrantes José Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Patiño, presentó este lunes una denuncia penal contra el titular de la cartera al que acusa de incumplir los deberes de funcionario público. Esta denuncia también incluye a Borda y a otros integrantes del gremio, por “usurpanción de autoridad» porque se están asumiento funciones públicas que no se tienen.
«Tombolini permite que Camioneros haga una usurpación de la autoridad cuando la resolución del Ministerio de Economía que crea el régimen de Precios Justos en ningún punto, cuando trata el tema de la fiscalización, establece que deba llevarse a cabo por personas fuera de la estructura estatal del Ministerio de Economía y en particular de la Secretaría de Comercio», explicó Magioncalda en diálogo con FRECUENCIA ZERO.
A su vez, el abogado de Fundación Apolo afirmó existe un mecanismo de imposición hacia las empresas ya que esa modalidad de «apriete» con el envío de los trabajadores del sindicato de Camioneros a inspeccionar en los proveedores alimenticios y los supermercados.
En ese sentido, señaló que los proveedores alimenticios y supermercados no deberían abrir sus puertas para ser inspeccionados por el gremio y apuntó contra el Gobierno dado que «está utilizando la discrecionalidad que tiene para repartir dólares para importación que las empresas necesitan» y opinó que ese fue el «principal condicionamiento» que tuvieron las empresas para firmar el acuerdo de precios y «obliga por fuera de la institucionalidad» a los controles a través de «patotas».
